Estos profesionales tienen el conocimiento y experiencia necesarios para asesorar a los clientes y defender sus derechos durante todo el proceso de extradición.
Aunque de una forma tardía, la Directiva 2012/13/UE fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 13/2015 de five de octubre, que modificó nuestra ley procesal penal. Si antes de la promulgación de la ley y desde la fecha límite de la trasposición, la tensión entre abogados y FFCCS se producía por la aplicabilidad o no de forma directa de la Directiva europea, ahora con la nueva ley los motivos de discusión se desplazan a la interpretación de conceptos jurídicos. En referencia al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones en sede policial, la ley introdujo el novedoso apartado 520.two.D, “Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad”. ¿Qué son los elementos esenciales? El Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña, elaboró, en fecha 11 de febrero de 2016 (Sánchez Garcia & Vallejo Ros), un informe en relación al derecho de acceso a las actuaciones policiales durante la situación de privación de libertad para el correcto ejercicio del derecho de defensa, concluyendo que “tanto la persona detenida como su abogado tienen derecho al acceso a las actuaciones en cualquier fase del proceso penal, antes del primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad, por tratarse de una información necesaria e imprescindible para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento”.
Expareja del diputado Urruticoechea revela que usó durante cinco años la tarjeta del Congreso para cargar combustible
La criminalización de la posesión de drogas ha llevado a la estigmatización de los adictos y ha desviado recursos que podrían destinarse a la prevención y el tratamiento de las adicciones. Además, la guerra contra las drogas ha alimentado la violencia en el mercado negro y ha llevado a la proliferación de sustancias no reguladas y peligrosas.
“Los funcionarios de la policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”.
Por otro lado, tenemos a la extradición, una institución jurídica del Derecho Penal e Internacional Público, que consiste en el mecanismo diseñado para que personas que han procurado ponerse a buen recaudo de la mano de la justicia, por haber salido del territorio del país donde delinquieron, puedan ser reclamadas y devueltas, para su enjuiciamiento, de manera que las cuestiones de jurisdicción y competencia no se conviertan en coyuntura favorable para la impunidad de los infractores de la Ley.
Con su experiencia y conocimiento en el proceso de extradición, los abogados expertos read more en extradiciones en Brasil pueden ayudar a las personas a obtener un resultado favorable en su caso.
Sin embargo, la no existencia de tales tratados no impide de manera categórica que se produzca la extradición, la cual puede ser perfectamente resuelta entre los Estados intervinientes rigiéndose por los principios generales relativos a get more info la extradición, y las directrices básicas de las relaciones internacionales.
Tras el escándalo, la Unión Europea incluyó a Panamá en una lista de países con llamados paraísos fiscales —de tributación baja u opacidad fiscal—, en tanto que organismos financieros internacionales de prevención —que exigen medidas para evitar el movimiento de dinero ilícito o que se utilice para actos de terrorismo— aumentaron su escrutinio sobre el sistema bancario y financiero del país centroamericano.
Y es que el profesional de 37 años oriundo de Temuco se ha hecho un nombre en los tribunales defendiendo a narcotraficantes, a los cuales cobra hasta 30 millones de pesos por sus servicios, reconoció en una entrevista a La Tercera en 2018.
La Directiva 2012/13/UE en su artículo 8 garantiza que la persona detenida o investigada, o su abogado, tengan derecho a impugnar mediante el procedimiento previsto en su legislación nacional, cuando no se les proporcione información de conformidad a la Directiva.
Contar con un abogado especializado en extradiciones de Costa Rica a los Estados Unidos es fundamental para garantizar un proceso justo y legal.
Es al detenido, después de ser informado sobre las razones fileácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez, a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En https://abogadodenarcos.com/asistencia-juridica-a-detenidos/ caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del Habeas Corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. En el presente supuesto los policías no informaron al solicitante de todos los indicios racionales por los que realizaron la detención, lo que no permitieron al detenido cuestionar fundadamente su privación de libertad (a pesar de que la detención fue practicada correctamente por los funcionarios policiales, cumpliendo los requisitos del artículo 492.
Los acusados en casos de extradición tienen varios derechos que deben ser respetados. Estos derechos incluyen: